Las Palmas de Gran Canaria a 14 de julio de 2016
El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha emplazado esta semana al Cabildo de Fuerteventura y a su consejero de Educación, Juan Jiménez González, a dar marcha atrás en su decisión unilateral de acabar con el convenio la Residencia Universitaria de la ULPGC.
El presidente de éste órgano, Eliezer Santana, ha afirmado que “el convenio firmado entre la residencia de la ULPGC y el Cabildo de Fuerteventura hasta el pasado curso garantiza un precio bajo que permite a los estudiantes residir en la universidad”.
Asimismo, Santana ha destacado que actualmente “son muchos los estudiantes majoreros que hacen uso de la residencia universitaria cuyo precio subvenciona, gracias a ese convenio, tanto el Cabildo de Fuerteventura como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”. Sin embargo, el máximo representante de los estudiantes de la ULPGC asevera que “con la rescisión del convenio unilateralmente por parte del Cabildo de Fuerteventura los estudiantes que hasta en la actualidad viven durante el curso en las residencias universitarias de la ULPGC tendrán que pagar más por lo mismo”.
Desde el órgano de representación estudiantil consideran que lo lógico sería que el Cabildo aumente la partida destinada a becas para poder llegar a cubrir las necesidades del resto de estudiantes que se alojan fuera de la residencia universitaria.
Además, el Consejo de Estudiantes se posiciona de lado de la Universidad al entender, en palabras de Santana que “el Cabildo ha actuado a destiempo y sin llegar a un acuerdo con la Universidad con el que los estudiantes no se vieran perjudicados”. A juicio del órgano “no era necesario acabar con el convenio para incluir a otros casos como los que viven en pisos compartidos u otros alojamientos alternativos”.
Santana denuncia que en conclusión “los estudiantes majoreros que residen en las Residencias Universitarias de la ULPGC tendrán que desembolsar unos 600 euros al mes y esperar a final de curso para recibir una ayuda del Cabildo que no saben si llegará o no”, mientras que antes “un estudiante pagaba alrededor de 200 euros mensuales porque se estudiaba su situación antes de hacer entrada en la residencia”.
